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La Revocatoria y el impulso democrático

 

Hay que empezar con una verdad de Perogrullo: las consultas para refrendar los mandatos no son apenas una opción, sino una condición de un verdadero proyecto democrático. Quien piense que los cargos públicos son cheques en blanco para que el elegido haga lo que quiera por un determinado periodo de tiempo, tiene en mente un concepto infantil de democracia. Quien crea que la ciudadanía debe esperar a las próximas elecciones para “premiar” o “castigar” con su voto a determinado cargo público, está desconociendo el sentido mismo de la soberanía popular. Y a quien argumente que una consulta para refrendar un mandato —una revocatoria— es inconveniente porque es costosa e implica un esfuerzo y un desgaste institucional, habría que contestarle que sí, que las elecciones son costosas, pero que el precio de las urnas siempre será insignificante al lado de lo que implican unas instituciones a la deriva y un cargo público que traicione la voluntad de los ciudadanos.

Desde luego es más fácil y barato no convocar elecciones, y que alguien se encargue de definir, como mejor le parezca, el rumbo de una sociedad. Pero entonces ya no estaríamos hablando de democracia, ese proyecto político y cultural de dignidad compartida que ha recorrido un camino tortuoso y a menudo contradictorio por dos mil quinientos años, y que, a pesar de todo, sigue hoy portando un mensaje revolucionario: el sentido de la convivencia es la solidaridad y el beneficio recíproco. Y, por lo tanto, todos somos titulares del poder político, y aunque contratemos a conciudadanos para ejecutar nuestra voluntad desde las instituciones, somos nosotros, la gente de a pie, los que tenemos la primera y la última palabra sobre el rumbo a seguir.

Está bien dejar esto claro desde un principio: rehuirle a una consulta de refrendación —a una revocatoria— es demostrar un talante abiertamente antidemocrático.

Bogotá en el centro del tablero

Hay muchas luchas vitales en Colombia que apuntan a un horizonte de dignidad, fraternidad y justicia social. Ahí siguen, ejemplares, los pueblos indígenas organizados en la defensa del territorio y un tejido cultural de solidaridad y resistencia. Ahí continúan las comunidades campesinas, día tras día y hectárea tras hectárea, soportando los embates de lo que creo preciso llamar en Colombia una “oligarquía feudal”: poder político y económico asociado históricamente a la acumulación de la tierra y, por lo tanto, a la violencia. Y ahí están las comunidades organizadas en los distintos pueblos, cada vez más conscientes de su poder constituyente, dando la lucha contra la minería transnacional y en defensa del agua.

Pero Bogotá es, desde hace años pero cada vez con más fuerza, el centro del tablero político, la vanguardia en la lucha por una sociedad realmente democrática. Sin desconocer los importantes procesos y organizaciones de distintos lugares de Colombia, hay que reconocer que Bogotá —por su tamaño, por su diversidad, por su historia— es un tejido en el que se cruzan buena parte de las expresiones del conjunto del país, y es donde más se siente el empuje transformador de la sociedad civil organizada: los estudiantes, los colectivos juveniles unidos por aficiones artísticas o deportivas, el movimiento animalista y ecologista, los trabajadores organizados, el feminismo —acaso el más transversal y vital de los movimientos sociales contemporáneos—, los colectivos barriales, las víctimas de la violencia, las organizaciones indígenas, de campesinos y afrodescendientes… Bogotá es una amalgama de reivindicaciones y el motor del cambio político en Colombia.

Hay que decir que esto no es algo excepcional. En muchos países suelen ser las grandes ciudades las que —por su efervescencia, por la fertilidad de sus contradicciones— acogen antes y mejor las reivindicaciones sociales e impulsan las transformaciones. Y es por ello que Bogotá tuvo el que fue, a mi juicio, el primer gobierno con un horizonte realmente democrático en la historia de Colombia: la Bogotá Humana.

Pero así como en Bogotá florecen las ideas y las reivindicaciones, también es ella la punta de lanza del proyecto neoliberal en Colombia y el principal bastión de una casta que promueve —con todo su poder económico, político y mediático— un concepto de Estado al servicio de los más poderosos. La idea precisa es la inversa al eslogan que tanto promovieron: para ellos Bogotá —y Colombia— debe ser para pocos, para muy pocos.

Peñalosa como símbolo y grieta 

Fue a León Valencia a quien le oí decir en una entrevista, poco después de las elecciones a la Alcaldía de Bogotá que ganó Enrique Peñalosa, que podíamos estar tranquilos porque los avances sociales de la Bogotá Humana eran irreversibles y que buena parte de la población bogotana, esa que por primera vez había tenido de su lado a las instituciones y se había reconocido como sujeto de derechos, no permitiría ningún recorte y ningún retroceso. Decía León Valencia que nadie con dos dedos de frente se atrevería a echar para atrás los avances sociales.

Hoy sabemos que esa idea, que nos consoló a muchos en su momento, era errada. Nada en política es realmente irreversible. Como Macri en Argentina y Temer en Brasil, Enrique Peñalosa —ese reconocido vendedor de buses— entró a la alcaldía con una aplanadora de políticas sociales y el visible propósito de beneficiar a un puñado de contratistas amigos, constructores y propietarios de tierras de la Sabana. La agresividad de sus primeras medidas, la contundencia con la que eliminó programas, tumbó decretos y suspendió partidas presupuestales nos demuestran que tenía muy claro el profundo rechazo social que podían generar estas medidas y que, por ello, debía ejecutarlas con la mayor rapidez posible. Ante nuestra incredulidad e impotencia se desplegó un leviatán neoliberal, profundamente reaccionario y antipopular, mientras la práctica totalidad de los medios de comunicación en Colombia —aquellos que lo habían entronizado como el “gerente” que venía a salvar a la ciudad— le reían las gracias.

Con un concejo de bolsillo y unos funcionarios que irradian cinismo y desprecio por lo público, Peñalosa anunció que echaría por la borda los estudios de la primera línea de metro subterráneo de la capital (su segunda administración, su segundo sabotaje), en tanto afirmaba que endeudaría a varias generaciones para seguir haciendo de Bogotá la principal vitrina de venta de sistemas BRT en el mundo, ese obsoleto sistema de buses pegados que cuartea el territorio, envenena el aire, precariza la movilidad, y parece más que nada un gigantesco despliegue de mercadotecnia para estafar ciudades del tercer mundo.

Como un mal siempre arrastra otro, Peñalosa anunció que futuras troncales de buses pasarían por encima de la reserva Thomas van der Hammen, y que el que podría ser uno de los bosques urbanos más grandes e importantes del mundo —por el que ambientalistas y científicos llevan décadas trabajando— habría de urbanizarse. El sueño de los grandes terratenientes de la Sabana hecho realidad: una ciudad que, como un inmenso reloj de hacer dinero, desplaza poco a poco su frontera urbana y se extiende hasta el horizonte.

Sólo una de estas razones sería suficiente para exigir y sacar adelante la revocatoria de Enrique Peñalosa. Pero la oligarquía colombiana no se distingue por su mesura, y mientras Bogotá se ahoga en Transmilenio y tala sus últimos árboles, regresa el proyecto neoliberal de privatizaciones de empresas públicas, con más avidez y descaro en tanto más rentables y estratégicas sean.

Básicamente se trata de una inmensa transferencia de dinero y patrimonio público a particulares: un expolio. Pero lo peor de todo no es éste desmonte progresivo del Estado, ni que se saquee el patrimonio de los ciudadanos, ni que se ponga las instituciones al servicio de los más poderosos; lo peor es que estas políticas —impulsadas por una ideología antidemocrática— deterioran la calidad de vida, precarizan la convivencia, y terminan enfermando y matando a muchísimos seres humanos.

Hablo de la barbarie con la que esta administración ha tratado a los habitantes de la calle, un problema que requiere médicos y asistentes sociales y que en cambio ha sido abordado con policías y retroexcavadoras; hablo de la reestructuración de la red de hospitales públicos y la suspensión del 40% de los presupuestos, de manera que el servicio entró en crisis en toda la ciudad en beneficio de las EPS; hablo del desmonte del exitoso programa de salud preventiva de la Bogotá Humana, Territorios saludables, con el consiguiente empeoramiento de los indicadores de salud en los barrios más humildes de la capital. Y hablo, desde luego, de esa vergonzosa medalla que Enrique Peñalosa ya puede colgarse: en su primer año de gobierno aumentó por primera vez, después de cinco años, la tasa de mortalidad infantil, y prácticamente cuadriplicó en ese nefasto 2016 el número de niños menores de un año muertos por enfermedades respiratorias agudas (pasaron de 34 a 123).

Cada día Peñalosa demuestra su insultante convicción de que no tiene que rendirle cuentas a nadie, su facilidad para mentir —durante tres décadas se presentó a sí mismo con unos títulos que no tenía—, su ignorancia pusilánime del cambio climático, su desprecio a los ciudadanos de a pie. ¿Es posible imaginar un carácter y una línea de acción política más perjudicial para Bogotá? Su elitismo se refleja en el trato a los vendedores ambulantes; su autoritarismo, en la respuesta —con el brutal Esmad— a las protestas sociales; su arrogancia, en su intención de pavimentar las vías férreas; el ímpetu suicida de su proyecto político, en su increíble propósito de meter a la fuerza una troncal de Transmilenio por la carrera Séptima.

Porque aunque hasta ahora no he hecho más que enumerar y subrayar hechos evidentes, ha llegado el momento de proponerle al lector una interpretación: la amplitud del impacto de Enrique Peñalosa es su mayor vulnerabilidad. Dicho de otro modo, son tantos los frentes de batalla, tantas las políticas antipopulares, tal la agresividad neoliberal y tan nefastas las repercusiones de la administración de Enrique Peñalosa en la vida cotidiana de millones de ciudadanos, que él y quienes lo apoyan —en su soberbia, en su torpeza— nos están ofreciendo una oportunidad histórica: la posibilidad de una amplia convergencia de colectivos de distinto signo político en torno no sólo a su Revocatoria, sino a todo lo que él y su administración representan en términos políticos, económicos, culturales y éticos.

La convergencia ante nuestros ojos

Enrique Peñalosa es al mismo tiempo la punta de lanza y el eslabón más débil del proyecto neoliberal en Colombia. Su revanchismo furioso ante los avances sociales de la Bogotá Humana, pero sobre todo ante esa creciente nueva ciudadanía, deliberante y movilizada, le hace moverse cada día con más torpeza. Pareciera que su objetivo es que nadie en Bogotá se quede sin al menos una razón para apoyar su Revocatoria, y no es gratuito que sea el alcalde con el mayor índice de reprobación de Colombia. El rechazo que despierta en amplios sectores de la población bogotana tiene la posibilidad de remover el panorama político y de arrastrar consigo al desbarrancadero a muchos de los que lo han apoyado. Tengo la convicción de que la oligarquía colombiana es perfectamente consciente de esto, y que es por ello que todos están —en el ejecutivo nacional, en el Concejo distrital, en los órganos de control, en el Consejo Nacional Electoral, pero sobre todo en los medios de comunicación—, como en la película, “salvando al soldado Peñalosa”.

Pocas veces se presentan con tanta claridad y en terrenos tan propicios oportunidades de convergencia política. Está ahí, ante nuestros ojos, y casi podríamos decir que es una buena noticia si no fuera por el drama social que le acompaña. Peñalosa ha movilizado a tanta gente y de sectores tan diversos en su contra, que se ha convertido, a su pesar, en ese “exterior constitutivo”, el referente externo que constituye un nuevo “nosotros”. El establecimiento colombiano quiso tener en la alcaldía de Bogotá a un tecnócrata neoliberal, un “gerente” pretendidamente apolítico que le bajara la temperatura a la movilización social y regresara a Bogotá a los cómodos cauces del letargo ciudadano. Pero el resultado ha sido el contrario. Peñalosa —a su pesar, repito— no sólo está politizando, sino que le está dando un sentido y un adversario común a las más diversas reivindicaciones de la ciudadanía.

Ni siquiera la discusión en torno a la paz era tan transversal (lo que no tiene nada que ver, aclaro, con su importancia). Casi cualquiera puede sentir los embates del proyecto político de Peñalosa y suscribir un manifiesto en su contra: los defensores de los derechos de los animales, los ecologistas y defensores del medio ambiente, los habitantes de los barrios más humildes, los estudiantes, los académicos, los trabajadores de las empresas públicas, los sindicatos, los profesionales de la salud, los artistas urbanos, los defensores de derechos humanos, los activistas por la paz, los ciudadanos con consciencia social, los millones de trabajadores que tienen que padecer día a día el hecho de que Peñalosa lleve veinte años saboteando el metro de Bogotá y condenando a la ciudad al más kafkiano sistema de buses… Casi todos tenemos una o varias razones para movilizarnos en su contra y revocarlo.

Debo decir que me sorprende la insensatez —casi autodestructiva— de Peñalosa. ¿Acaso no se da cuenta que está generando un inmenso rechazo en los más diversos sectores? ¿No se da cuenta que ni aun el líder más hábil —y él no lo es— puede manejar una ofensiva en tantos frentes? Tal insensatez está bien representada en su propósito de meter una troncal de Transmilenio por la Séptima. Por la importancia cultural, icónica y económica de ésta vía, cualquier asesor con sentido común le diría que es mejor desistir de su pretensión, advirtiendo la reacción que podría despertar en ciudadanos de todo tipo (la posible destrucción de la Séptima interpela a ciudadanos de todo el espectro de ingresos, nivel de estudios, actividad económica e ideología —muchos de los cuales votaron por él—). Pero no: Peñalosa insiste en formar un frente amplio en su contra.

El resultado es, pues, que en el centro del tablero político de Colombia tenemos la posibilidad de ponerle nombre y apellido al proyecto neoliberal, y que, junto a los movimientos sociales establecidos, muchos ciudadanos que usualmente no ejercen una acción política activa, y ni siquiera se suelen sentir convocados por el llamado a construir un país más justo y equitativo, responden, ahora sí, ante la ofensiva antidemocrática de Enrique Peñalosa. Ya existe una amplia convergencia tácita; ahora debemos hacerla efectiva.

Y no es que en el resto de Colombia se padezcan situaciones sociales menos terribles. No es que en muchos territorios del país dejen de haber movilizaciones y reivindicaciones fundamentales. La particularidad de la Bogotá de hoy son las condiciones excepcionalmente favorables a la construcción de un relato alternativo al de la oligarquía colombiana; un relato impugnatorio, popular y democrático. Hoy en Bogotá nadie puede decir que Transmilenio —por poner un ejemplo— es una especie de fenómeno de la naturaleza al que hay que resignarse; hoy cada vez más gente sabe que se trata del suculento negocio de un puñado de individuos que desprecian a la ciudad y a su gente. Y cada vez más gente sabe —cada vez más gente dice— que este negocio tiene nombre propio.

Freno de emergencia al neoliberalismo

La gente está indignada. Y si a este sentimiento compartido se le da una explicación —un relato— y un horizonte de acción ya estamos hablando de Política, con mayúscula, en la definición del helenista Pedro Olalla: “la voluntad de todos organizada para combatir el egoísmo”.

Y el egoísmo tiene su máxima expresión política contemporánea en el proyecto neoliberal, en el cual se inscribe el conjunto del establecimiento colombiano de hoy; un establecimiento que le tiene pánico a la caída de Enrique Peñalosa, pues esto significaría, como han señalado algunos comentaristas, el inicio de un nuevo modo de entender la política en Colombia: con ella, la ciudadanía colombiana entendería no sólo su poder para elegir a los cargos públicos, sino también —y esto ya es revolucionario— para fiscalizar y destituir.

Debo hacer, en este punto, un paréntesis: hay quien ha propuesto, con gran acierto, que el Proceso de paz en Colombia ha sido la cuña que revela una división —una fractura coyuntural— de la oligarquía colombiana en dos facciones: por un lado estaría esa oligarquía (poder político y económico concentrado en unas pocas manos) históricamente asociada a la tenencia y acumulación de tierra, la violencia y, más recientemente, el narcotráfico. Se trata de una oligarquía de carácter casi feudal y que se opone abiertamente a toda revisión del catastro rural y a la protección del campesinado. Este grupo, es claro, tiene su representante más visible en el expresidente Uribe.

Por otro lado está la que podríamos llamar la oligarquía financiera, más urbana, más globalizada, más elitista, más enraizada en el Estado que la anterior —con cargos públicos y contratistas—, dueña de la casi totalidad de los medios de comunicación y a la cabeza de inmensos conglomerados empresariales. Ésta facción de la oligarquía, aun por encima de sus reticencias ideológicas, pudo aceptar e incluso impulsar un proceso de paz con las guerrillas después de décadas de confrontación; en pleno siglo XXI, la guerra ya no era para los pretendidos dueños de Colombia sino un inmenso obstáculo para sus negocios: una frontera de facto que impedía su acceso a las riquezas naturales de medio país. Sé que sobra decir que los representantes más visibles de esta facción de la oligarquía son el sobrino-nieto de expresidente y actual presidente Juan Manuel Santos, así como el nieto de expresidente y actual candidato a presidente Germán Vargas Lleras.

Pero aunque la división sociológica entre estas dos facciones de la oligarquía es muy clara, sus desacuerdos son coyunturales y su unidad —de objetivos, de procedimientos, de concepción misma de la sociedad— es estructural. ¿Por qué hago este paréntesis? Simplemente porque el señor Enrique Peñalosa es el símbolo de esta unidad estructural de la oligarquía colombiana.

Que Peñalosa resista en la alcaldía de Bogotá es de importancia estratégica tanto para Álvaro Uribe como para Germán Vargas Lleras; tanto para la oligarquía feudal, como para la oligarquía financiera, urbana y bicentenaria. Ambas lo pusieron ahí, ambas defienden sus políticas, ambas son igual de neoliberales y ambas le tienen pavor a lo mismo: una democracia real en Colombia. Pero hay que subrayar una paradoja patética: ante la inminencia del derrumbe de Peñalosa, tanto el uribismo como Vargas Lleras se van a desmarcar cada vez más de él, y al mismo tiempo van a hacer hasta lo imposible para evitar su revocatoria. El establecimiento colombiano, en bloque, usando a Enrique Peñalosa como un dique para contener el surgimiento de una ciudadanía crítica y movilizada.

Ya lo vemos: desde impedir que se convoque la Revocatoria con leguleyadas y trampa, hasta sacar adelante de forma desesperada y contra toda legalidad una línea de metro elevado, el cual, como bien advierten desde distintos sectores, deteriora y devalúa el entorno, es más vulnerable ante la actividad sísmica e implica una traumática construcción en superficie. Pero como si no fueran suficientes razones para descartar el proyecto, se va conociendo que el metro elevado podría costar más y tener menor capacidad que el subterráneo, y que Peñalosa, el “visionario”, podría sumar a su currículo haber sacado adelante la primera línea de metro del mundo que funciona como alimentador de buses. Algún lector se podrá preguntar: ¿por qué, si es tan perjudicial, Peñalosa lo quiere construir? Pues por la misma razón por la que quiere pavimentar las vías férreas: para asegurar el negocio presente y futuro de unos pocos, y para que, incluso en su ausencia, Bogotá esté condenada a la desgracia antológica de tener Transmilenio como única opción de movilidad.

La oligarquía colombiana está dispuesta a todo con tal de que la administración Peñalosa no se derrumbe. Pero ante la trampa, debemos responder con sinceridad, claridad y consciencia de lo público; ante la mezquindad, con las miras puestas en un horizonte más amplio de derechos sociales; ante la soberbia, con generosidad e inteligencia; ante el esfuerzo mediático por promover la resignación, con esperanza y determinación; y ante las tradicionales leguleyadas del establecimiento, con movilización ciudadana, tan creativa y vital como contundente. Ya es un secreto a voces: Peñalosa, hoy a la vanguardia del proyecto neoliberal, es también su freno de emergencia. Frenarlo a él es también frenar un proyecto de clase que entiende a Colombia como una inmensa finca que les pertenece de nacimiento; es frenar, valga decir, al uribismo y a Vargas Lleras.

Un último apunte

¿Y qué pasaría si, después de todo, no nos permiten medir la voluntad popular por medio de las urnas? ¿Qué hacemos si los que tienen secuestradas las instituciones recurren a la trampa para no permitir que votemos la Revocatoria?

Pues bien: hay que entender que las urnas son un mecanismo, pero no agotan el sentido de la democracia. La Revocatoria será un hecho —y un éxito— en tanto haya detrás una movilización amplia que interpele a la ciudadanía, se convierta en un eje de referencia del momento político frente al cual todas debamos posicionarnos y, ante todo, se vuelva el símbolo de un nuevo relato —realmente democrático— del Estado y sus instituciones: un alcalde es, como todos los cargos públicos, un empleado de la ciudadanía, y quien atenta contra lo público, quien está ahí para beneficiar a unos amigos o para devolver favores, quien le miente a los ciudadanos debe ser echado.

Estaremos encaminados en un verdadero proyecto democrático si en las calles, a la hora del tinto, se comenta esto. Pues hay algo mucho más importante que ganar en las urnas: ganar el sentido común; posicionar el relato.

 

Iván Olano Duque

Iván Olano Duque

Escritor

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